El día de ayer se detuvo en el estado de Coahuila a un hombre de 26 años de edad, quien es señalado como el presunto autor material del asesinato de María Fernanda Contreras Ruiz, hecho que ocurrió en el municipio de Apodaca.
La detención del presunto feminicida ocurre en medio de las demandas ciudadanas de tomar medidas preventivas para evitar la desaparición de mujeres en el Estado.
Sospechoso se encontraba en Coahuila
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León identificó en un comunicado al sospechoso como Raúl Alfredo “N”, detenido en el municipio de Francisco I. Madero, en Coahuila, a media hora de distancia de Torreón.
Raúl Alfredo fue trasladado anoche en un discreto operativo de Coahuila a Nuevo León, para ser sometido a juicio.
Custodiado por agentes ministeriales, el presunto feminicida fue llevado alrededor de las 22:25 horas al Hospital Universitario para que le realizaran exámenes de rutina.
Cerca de 30 minutos después, fue llevado a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones, en la Avenida Gonzalitos, para que se le tomara su declaración y las huellas dactilares.
Marifer es solamente una de las Desparecidas de Nuevo León
El caso de Marifer es uno de los 22 reportes de desapariciones desde el 8 de marzo pasado en el Estado, aunque las autoridades aseguran que 10 de las mujeres ya fueron localizadas y están con sus familias.
La joven de 27 años desapareció el domingo 3 de abril y su cuerpo fue localizado cuatro días después en una casa de la Colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca.
Sin embargo, hasta el domingo 10 de abril se confirmó que el cuerpo era de ella, originando consternación en la comunidad regia.
Responsable podría pasar 60 años en prisión
En una breve rueda de prensa la tarde de ayer, Luis Enrique Orozco Suárez, vice fiscal del Ministerio Público, adelantó que la audiencia inicial contra Raúl Alfredo podría realizarse entre el miércoles o el jueves para imputarlo por feminicidio, delito por el que podría alcanzar una pena de hasta 60 años.
Durante la rueda de prensa, el gobernador Samuel García, pidió a la Fiscalía que se aplique todo el peso de la ley.
“Es un delito de alto impacto que merece prisión preventiva oficiosa y, como bien señalaba el fiscal, hasta 60 años de cárcel”, Samuel García.
Con información de Grupo Reforma.
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